La noticia publicada en el País el pasado día 2 y firmada por Elena G. Sevillano, pone al descubierto el interés de los gobiernos en general y del nuestro en particular por saber de los habitos de los ciudadanos.
Informa este articulo que Fomento pagó 150.000 euros a la operadora Orange y a la consultora Kineo para que analizaran datos anonimizados de geolocalización de 16 millones de clientes de telefonia movil. Al parecer este tipo de encargos son legales, y la administración no es nueva en estos encargos.